Lo contempla el Proyecto de Presupuesto del 2011
El senador José Rafael Vargas consideró altamente negativo para el país que se intente aumentar el impuesto selectivo al consumo a las telecomunicaciones por via de la reducción de los ingresos del Indotel, que es una forma de penalizar y castigar a las instituciones que trabajan bien y que se han ganado el respeto de la ciudadanía, por su buen desempeño.
En el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos del 2011, se contempla aumentar el impuesto selectivo al consumo sobre las telecomunicaciones, de 10% a 11%, por la reducción de la contribución para el desarrollo de las telecomunicaciones, de un 2% a un 1%. O sea que al Indotel sólo le dejarían la mitad de lo que hoy recibe, para todos sus proyectos de colectividad y seguir ampliando el acceso a internet y la banda ancha.
El senador José Rafael Vargas estima que esta iniciativa tiene un doble impacto negativo, en primer lugar porque desincentiva el desarrollo de un sector vital de la economía, porque si hoy las comunidades tienen acceso a fibra óptica y conectividad de banda ancha, es porque desde el órgano regulador se han creado proyectos que se desarrollan conjuntamente con las empresas privadas, para garantizar que las comunicaciones lleguen a las 31 provincias del país.
Lo que se propicia es penalizar el uso, utilizando un impuesto que tiene un carácter regresivo. y al mismo tiempo despoja de una suma de dinero a la institución que lo usa para el fomento del desarrollo del sector. Es decir, reduce el financiamiento de los proyectos que actualmente se ejecutan desde el Indotel.
El mayor impacto negativo lo tendría en el aspecto educativo, porque hoy el conocimiento del siglo 21 viene vía la red, y las zonas más pobres no tendrán la oportunidad de acezar a las modernas bibliotecas virtuales que están disponibles y al servicio de todos los ciudadanos en todo el mundo.
Por eso, advierte Vargas, esta inclusión de este impuesto disfrazado en el Presupuesto del próximo ano, contradice el espíritu del discurso y la filosofía del Presidente de la República, orientado a crear una sociedad basada en la economía del conocimiento.
Además, señala Vargas, propina un duro golpe a una de las instituciones mejor establecida que tiene la sociedad dominicana, que es el Indotel, que se castiga precisamente porque ha tenido realizaciones sumamente positivas desde su creación, en el año 1998.
"Este es el mejor momento para que el Estado invierta cuantiosos recursos para desarrollar redes que resuelvan el problema de conectividad, porque como país hemos firmado la agenda mundial, que acuerda la urgencia de tener banda ancha de última generación, con precios razonables, de manera que permita el acceso a todos los usuarios, principalmente de los sectores más pobres", manifestó el legislador mocano.
Indotel tiene actualmente el proyecto de capilaridad, para lo cual requerirá de unos tres mil millones, y llevaría la banda ancha a todas las comunidades, junto a las empresas del sector telecomunicaciones. Esta idea de bajar los ingresos, quebraría ese proyecto. La disposición contenida en el proyecto de Presupuesto del próximo ano es un absurdo, dice Vargas, porque se quiere que una norma de una institución meramente administrativa, como lo es la DGII se imponga sobre una ley especial, como es el caso de la ley de 153 de telecomunicaciones, vigente desde 1998.
Sentencia el senador de la provincia Espaillat que esto conduce e a deprimir uno de los sectores más dinámico de la economía dominicana, como lo es el sector telecomunicaciones, porque con esta decisión inmediatista lo que se lograra es reducir a mediano plazo el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, y menos ciudadanos tendrán acceso a internet, al cable, al móvil conectado y al conocimiento.
El doble impacto negativo se da, porque con el aumento del selectivo al consumo desestimulamos el uso de estos servicios, permitiendo que una élite sea la que disfrute de esos bienes."Y por otra parte, señala José Rafael, estamos penalizando la posibilidad de desarrollo de nuevas oportunidades de servicios de telecomunicaciones, al restringir los fondos que la ley le acuerda al Indotel".
La sociedad ha reconocido los proyectos de desarrollo del Indotel, y esto ha traído como consecuencia el reconocimiento a nivel internacional de esos puntos de avances. Esos indicadores hoy son ejemplos en todo el continente. Es el caso de le tele densidad telefónica, el avance del móvil conectado y el desarrollo de la banda ancha. Pero igual, la penetración que está teniendo el internet en nuestras comunidades, que ya supera el 33% de los dominicanos, expresa Vargas.
Y advierte el senador de Espaillat que subir un 1% al selectivo al consumo de las telecomunicaciones, a cambio de disminuir un 1% al CDT del Indotel, es al mismo tiempo una forma de gravar y afectar a las empresas, las que verán disminuir su mercado. Precisa que lo que se está haciendo es desvestir un santo para vestir otro, quitándole el dinero al Indotel para dárselo a gastos corrientes y normales, sacrificando la inversión en desarrollo, y esto es un absurdo, porque ningún país se desarrolla devorando las instituciones que funcionan.
El senador José Rafael Vargas consideró altamente negativo para el país que se intente aumentar el impuesto selectivo al consumo a las telecomunicaciones por via de la reducción de los ingresos del Indotel, que es una forma de penalizar y castigar a las instituciones que trabajan bien y que se han ganado el respeto de la ciudadanía, por su buen desempeño.
En el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos del 2011, se contempla aumentar el impuesto selectivo al consumo sobre las telecomunicaciones, de 10% a 11%, por la reducción de la contribución para el desarrollo de las telecomunicaciones, de un 2% a un 1%. O sea que al Indotel sólo le dejarían la mitad de lo que hoy recibe, para todos sus proyectos de colectividad y seguir ampliando el acceso a internet y la banda ancha.
El senador José Rafael Vargas estima que esta iniciativa tiene un doble impacto negativo, en primer lugar porque desincentiva el desarrollo de un sector vital de la economía, porque si hoy las comunidades tienen acceso a fibra óptica y conectividad de banda ancha, es porque desde el órgano regulador se han creado proyectos que se desarrollan conjuntamente con las empresas privadas, para garantizar que las comunicaciones lleguen a las 31 provincias del país.
Lo que se propicia es penalizar el uso, utilizando un impuesto que tiene un carácter regresivo. y al mismo tiempo despoja de una suma de dinero a la institución que lo usa para el fomento del desarrollo del sector. Es decir, reduce el financiamiento de los proyectos que actualmente se ejecutan desde el Indotel.
El mayor impacto negativo lo tendría en el aspecto educativo, porque hoy el conocimiento del siglo 21 viene vía la red, y las zonas más pobres no tendrán la oportunidad de acezar a las modernas bibliotecas virtuales que están disponibles y al servicio de todos los ciudadanos en todo el mundo.
Por eso, advierte Vargas, esta inclusión de este impuesto disfrazado en el Presupuesto del próximo ano, contradice el espíritu del discurso y la filosofía del Presidente de la República, orientado a crear una sociedad basada en la economía del conocimiento.
Además, señala Vargas, propina un duro golpe a una de las instituciones mejor establecida que tiene la sociedad dominicana, que es el Indotel, que se castiga precisamente porque ha tenido realizaciones sumamente positivas desde su creación, en el año 1998.
"Este es el mejor momento para que el Estado invierta cuantiosos recursos para desarrollar redes que resuelvan el problema de conectividad, porque como país hemos firmado la agenda mundial, que acuerda la urgencia de tener banda ancha de última generación, con precios razonables, de manera que permita el acceso a todos los usuarios, principalmente de los sectores más pobres", manifestó el legislador mocano.
Indotel tiene actualmente el proyecto de capilaridad, para lo cual requerirá de unos tres mil millones, y llevaría la banda ancha a todas las comunidades, junto a las empresas del sector telecomunicaciones. Esta idea de bajar los ingresos, quebraría ese proyecto. La disposición contenida en el proyecto de Presupuesto del próximo ano es un absurdo, dice Vargas, porque se quiere que una norma de una institución meramente administrativa, como lo es la DGII se imponga sobre una ley especial, como es el caso de la ley de 153 de telecomunicaciones, vigente desde 1998.
Sentencia el senador de la provincia Espaillat que esto conduce e a deprimir uno de los sectores más dinámico de la economía dominicana, como lo es el sector telecomunicaciones, porque con esta decisión inmediatista lo que se lograra es reducir a mediano plazo el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, y menos ciudadanos tendrán acceso a internet, al cable, al móvil conectado y al conocimiento.
El doble impacto negativo se da, porque con el aumento del selectivo al consumo desestimulamos el uso de estos servicios, permitiendo que una élite sea la que disfrute de esos bienes."Y por otra parte, señala José Rafael, estamos penalizando la posibilidad de desarrollo de nuevas oportunidades de servicios de telecomunicaciones, al restringir los fondos que la ley le acuerda al Indotel".
La sociedad ha reconocido los proyectos de desarrollo del Indotel, y esto ha traído como consecuencia el reconocimiento a nivel internacional de esos puntos de avances. Esos indicadores hoy son ejemplos en todo el continente. Es el caso de le tele densidad telefónica, el avance del móvil conectado y el desarrollo de la banda ancha. Pero igual, la penetración que está teniendo el internet en nuestras comunidades, que ya supera el 33% de los dominicanos, expresa Vargas.
Y advierte el senador de Espaillat que subir un 1% al selectivo al consumo de las telecomunicaciones, a cambio de disminuir un 1% al CDT del Indotel, es al mismo tiempo una forma de gravar y afectar a las empresas, las que verán disminuir su mercado. Precisa que lo que se está haciendo es desvestir un santo para vestir otro, quitándole el dinero al Indotel para dárselo a gastos corrientes y normales, sacrificando la inversión en desarrollo, y esto es un absurdo, porque ningún país se desarrolla devorando las instituciones que funcionan.